Los repartidores, en general, no sólo se someten a arduas jornadas en el afán de percibir más ingresos, sino que también son víctimas de la inseguridad, de accidentes viales y no disponen de ningún tipo de seguro médico o prestación. En el caso de las mujeres, se suma el acoso, la violencia sexual y de género.

Otro de los riesgos a los que se enfrentan, es el continuo acecho de contraer Covid-19, ya que por un lado quienes administran las aplicaciones de esta índole, no les brindan la seguridad o las condiciones necesarias para garantizar su salud, y por el otro, los usuarios que hacen uso de ellas no siempre cumplen con las medidas sanitarias básicas.

¿Qué medidas han tomado las autoridades con respecto a todos los riesgos a los cuales se enfrentan? ¿Les han dado alguna respuesta? ¿Quiénes utilizan aplicaciones de esta índole piensan en las condiciones de los repartidores?

“La más seria crisis sanitaria del último siglo”, como la define la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha tenido un fuerte impacto negativo en la economía nacional e internacional. De acuerdo con datos publicados en el 2021 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 12 millones y medio de personas perdieron su empleo entre los meses de marzo y abril del 2020, siendo el sector informal el más afectado con poco más de 10 millones de trabajadores, sumando otros 2.1 millones que radican en la formalidad. Esta debacle se debió al paro abrupto de actividades económicas, sociales y educativas.

En el documento Impacto de la pandemia de covid-19 en el mercado laboral mexicano y en el SAR, publicado en el portal del Gobierno de México, afirma que el impacto del confinamiento tuvo mayor repercusión en el sector de los servicios; no obstante, también fue el que absorbió a seis de cada 10 personas desempleadas a causa del confinamiento, desde el primer trimestre del 2020 y hasta el mismo periodo del 2021. Es aquí donde entran al juego las apps de entrega de alimentos como Rappi, Uber Eats, Didi Food, etcétera.

Es cierto que diversas personas encontraron un refugio en estas aplicaciones móviles para trabajar y generar ingresos para subsistir; sin embargo, es importante conocer el por qué elegir ser parte de sus filas.

Las respuestas a esta interrogante se exploraron en el Seminario Ciudadanía, nuevas precariedades y acción colectiva realizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, coordinado por Joel Ortega Erreguerena, especialista en el tema.

En este encuentro virtual, se contó con la experiencia de Saúl Gómez, repartidor por aplicación y quien enfatizó que estas plataformas muestran a los socios un “método de trabajo amigable”, donde el horario para laborar es elegido por ellos mismo sin entregarle cuentas a un jefe; además, utilizan como “gancho” recompensas económicas dirigidas a los nuevos socios, con la finalidad de evitar que cancelen su registro.

En entrevista para el CEIICH, el doctor Ortega Erreguerena, coincide con lo expresado por Saúl Gómez respecto a este discurso persuasivo y engañoso de “conseguir la libertad laboral y financiera”; lo cual es “sumamente relativo” ya que, para él, los algoritmos de las apps de entregas imponen condiciones conforme al número de entregas realizadas, la cantidad de horas invertidas y las ganancias obtenidas, con lo que recompensarán o castigarán, según sea el caso.

“los algoritmos de las apps de entregas imponen condiciones conforme al número de entregas realizadas, la cantidad de horas invertidas y las ganancias obtenidas, con lo que recompensarán o castigarán”

De igual manera, al cuestionar al académico Ortega Erreguerena sobre el motivo por el cual más personas decidieron formar parte de las filas de estas empresas, su respuesta fue clara:

“Muchos repartidores se incorporaron a estas plataformas durante la pandemia porque quedaron desempleados, los corrieron, es decir, hubo crisis económica y estaban desempleados, y la manera que tenían de acceder a un ingreso fue a través de estas aplicaciones”, aseguró.

Y es que para convertirse en socio-repartidor no es necesario acudir físicamente a ningún lado, basta con descargar una aplicación como socio de alguna de estas empresas, llenar la información requerida, digitalizar una identificación oficial y tomarse fotografías para que el sistema valide la identidad.

Ante la aparente flexibilidad del esquema de autoempleo que ofrecen las aplicaciones de reparto, no extraña que más de una persona decidiera migrar a estas corporaciones después de perder su trabajo o no encontrar uno a causa de la pandemia; pero la realidad es diferente a lo que prometen.

Por un lado, el director de operaciones de Didi Food, Daniel Serra, junto con el director General de Rappi México, Alejandro Solís, declararon en 2021 para Grupo Reforma que sus modelos de trabajo están basados en generar recursos flexibles para los repartidores, así como un aumento adicional para los pequeños comercios y el dinamismo de zonas económicas donde antes no se contaba con estos servicios. Lo que ambos directores omiten comentar, son los ingresos que sus empresas obtienen de un sólo pedido, por lo que el doctor Ortega Erreguerena explica que hay tres momentos clave en los que dichas plataformas obtienen remuneración de la misma entrega:

El primero de estos cobros, dependiendo la aplicación, son a los restaurantes, pues les retienen entre el 20 y 25 por ciento del total; el segundo es a los usuarios, donde se estiman tarifas que rondan entre los 10 y 40 pesos, dependiendo de la distancia para realizar la entrega; finalmente, la última retención se efectúa a los repartidores, a quienes se les descuenta entre 25 y 35 por ciento de sus ganancias.

Si bien el diario Reforma estimó que las ganancias generadas por estas empresas en México ascendieron a un total de 13 millones de pesos (mdp) en 2019, cifra que se incrementó a poco más de 15 mdp durante 2020, aún así los repartidores no tienen oportunidades de crecimiento, sino que se precarizan cada vez más sus condiciones.

Por ejemplo, en la consulta realizada al portal del empleo y reclutamiento Glassdoor, se muestra un ingreso mensual promedio de 12 mil pesos brutos, de los cuales deben solventar diariamente gastos para el desarrollo de sus actividades. En primer lugar, tienen que descontar la renta semanal del equipo de traslado, pues el costo por alquilar una motocicleta va desde los 2 mil ochocientos y hasta los 4 mil ochocientos pesos mensuales; además, no sólo se le cobra al repartidor la renta del equipo, sino que, si es la primera vez que alquilan un servicio de motorización, también deberán pagar la fianza del mismo para evitar posibles robos, y no sólo eso, pues también corren por cuenta del alquilador los gastos de reparación si es que se estropea el equipo.

“Cuando quieres rentar una moto para trabajar de repartidor, te hacen firmar un contrato. Ahí se estipulan los precios por la renta, la fianza de ésta y, con los alquiladores más estrictos, te obligan a tener un lugar dónde guardar la moto, o si no debes pagar una pensión que cuesta alrededor de 400 pesos al mes”, dijo el repartidor Edgar Lara en entrevista para el CEIICH.

En segundo lugar, y desde el comienzo de la pandemia, el diario El Financiero reportó la reducción de al menos 30 por ciento en las ganancias de los repartidores a causa de la nueva forma de fiscalización en el país, además del incremento en las comisiones retenidas por parte de las propias aplicaciones.

Dicho en otras palabras, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó que las personas que utilizan plataformas digitales para trabajar pagaran impuestos de entre 30 y 50 por ciento de sus ingresos, debido a que deben adscribirse al Régimen de Actividades Empresariales con Ingresos a través de Plataformas Tecnológicas pues no existe una relación laboral directa con las empresas.

“No hay una relación laboral, solo somos socios o usuarios asalariados, como lo definen algunas aplicaciones, pero no hay un vínculo laboral”, expresó Saúl Gómez al CEIICH.

En tercer lugar, los servicios médicos también corren a cuenta de los repartidores, puesto que no gozan de una afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aún así, el IMSS firmó acuerdos en septiembre de 2021 para promover la incorporación voluntaria de personas que trabajen para estas empresas; no obstante, esta afiliación no es gratuita como se esperaría, pues asegurarse en esta dependencia médica tiene un costo de 44 pesos diarios, es decir, mil 320 al mes, mismos que también son deducidos de los ingresos del repartidor.

“a pesar de ser considerados como trabajadores esenciales durante el periodo de confinamiento, ninguna de las empresas ofreció algún tipo de apoyo a sus repartidores para evitar contagios entre ellos”

Cabe destacar que a pesar de ser considerados como trabajadores esenciales durante el periodo de confinamiento, ninguna de las empresas ofreció algún tipo de apoyo a sus repartidores para evitar contagios entre ellos, en el mejor de los casos recibieron sólo gel antibacterial, relató el doctor Ortega Erreguerena. En otras latitudes, las plataformas digitales de reparto se aprovecharon de la vacunación para promover jornadas más largas. En Colombia, la empresa Rappi tuvo acceso a las primeras vacunas contra el Covid-19. Ante este hecho, la compañía anunció la aplicación de la dosis a los socios repartidores que más entregas realizaran al día.

“Decían los repartidores en las redes sociales que eran como los Juegos del Hambre, que el que haga más entregas va a tener acceso a la vacuna y se va a salvar. Son condiciones muy precarias y sin ningún tipo de seguridad”, expresó el doctor Ortega Erreguerena.

Se han contabilizado 54 repartidores muertos a causa de algún accidente (…) nueve de cada 10 mujeres que están en el negocio han reportado haber sido víctimas de acoso, violencia sexual e, incluso, secuestros.

En cuarto lugar, se añade la vulnerabilidad que sufren al transitar, pues desde marzo de 2020 y hasta el último trimestre de 2021, se han contabilizado 54 repartidores muertos a causa de algún accidente automovilístico; asimismo, el movimiento #NiUnRepartidorMenos declaró que nueve de cada 10 mujeres que están en el negocio han reportado haber sido víctimas de acoso, violencia sexual e, incluso, secuestros.

Por último, las aplicaciones sancionan a los socios si se niegan a realizar alguna entrega en zonas con alto índice delictivo, y “los castigos van desde disminuir el número de entregas hasta suspenderlos definitivamente de las plataformas”, declaró el movimiento. Ante la ola cada vez más grande de precariedad laboral, y la negativa de las empresas por reconocerlos como empleados en lugar de socios, se formó el movimiento #NiUnRepartidorMenos, liderado por el antes mencionado Saúl Gómez y Paola Ángel. Uno de los antecedentes que los motivó a hacerlo oficial, fue el deceso de José Manuel Matías, compañero repartidor que murió al ser arrollado por un camión de basura en su primer día de trabajo.

#NiUnRepartidorMenos ha recibido el acompañamiento del colectivo organizado Nosotrxs, quienes también han formado lazos de unión con la agrupación internacional Precarius Riders of the World y que en colaboración llevaron a cabo múltiples manifestaciones a favor de la exigencia de sus derechos laborales, personales y de seguridad.

El movimiento #NiUnRepartidorMenos propone soluciones para reducir y, posteriormente, acabar con este panorama de precariedad laboral, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para exigir, de manera respetuosa y responsable, el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos; además piden a la sociedad tomar conciencia sobre el entorno político, social y económico en medio de una crisis sanitaria, mismo que dejó en claro la importancia de los repartidores.

A manera de conclusión, el doctor Ortega Erreguerena mencionó que la solución a estas problemáticas no consiste en dejar estas plataformas para conseguir otro trabajo, sino en exigir a las autoridades las garantías para laborar de manera sólida, contando con seguridad social pagada por las empresas repartidoras y no por los socios, tener un seguro contra accidentes y contar con un sistema de ahorro para el retiro.

Escrito por Levi Cruz
Diseño por J L Hernandez
Departamento de Difuisón CEIICH/UNAM

A través de un conjunto de acciones gubernamentales que se implementan en determinadas entidades federativas, y bajo la coordinación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), las AVGM se decretan gracias a la investigación especializada en el tema, en la cual ha contribuido el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, con académicas comprometidas a cambiar la situación que viven miles de mujeres a diario.

Una retrospectiva de las AVGM

Desde el año 2000, la feminista y académica, Marcela Lagarde y de los Ríos, asesoró programas de investigación feministas en el CEIICH, los cuales sirvieron como impulso para crear diplomados con la Fundación Guatemala, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y, recientemente, la instalación de la Cátedra Internacional Marcela Lagarde y de los Ríos por los Derechos Humanos de las Mujeres, que tiene por objetivo destacar el impacto que la autora ha dejado en el país a través de su compromiso activista en diferentes organizaciones sociales dedicadas a combatir la violencia contra las mujeres.

«La investigadora logró la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia»

Posteriormente, en el año 2007, la investigadora logró la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), en la quincuagésima novena Legislatura de la Cámara de Diputados; asimismo, esta Ley se sustentó con base en el trabajo de investigación de 60 académicas y fue aprobada, ya que, de acuerdo con la entrevista de la doctora Lagarde para Cimacnoticias, la ley “donde pone el ojo, pone el hacer”.

Es necesario recordar que con la aprobación de la LGAMVLV y con base en su Capítulo V del Título II (artículo 22), llegó un nuevo mecanismo de emergencia que se convirtió en las AVGM, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.

La primera puesta en marcha de una AVGM en el país ocurrió en 2015, específicamente el 31 de julio, en 11 municipios del Estado de México que comprenden Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli, según datos del Gobierno de México; y con base en lo estipulado en el boletín informativo “La Política de Derechos Humanos y Democracia”, emitido por la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia el 3 de agosto del mismo año. Se declaró por tres motivos específicos:

1. El Estado de México se encontraba en los primeros lugares de defunciones de mujeres con presunción de homicidio y desapariciones; desde 1985 hasta 2013.
2. Todos los índices de violencia (sexual, física, económica y psicológica) eran superiores al nivel promedio del nacional.
3. En más de la mitad de los homicidios cometidos en contra de mujeres, no se había formulado imputación alguna, indicativo de la falta de exhaustividad y debida diligencia en los procesos.

«La primera puesta en marcha de una AVGM en el país ocurrió en 2015, en 11 municipios del Estado de México»

En agosto de 2021, se declararon las tres Alertas más recientes, el día 17, en cinco municipios de Chihuahua, para la cual la labor de la abogada feminista Andrea Medina Rosas fue fundamental; el 18 en 60 municipios de Tlaxcala y el 20 de agosto en 72 municipios de Sonora.

Participación del CEIICH en las AVGM

“En la lucha por la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, en la lucha nacional contra la violencia que sufren las mujeres y niñas de México, ha sido fundamental la participación del CEIICH”, sentencia Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Desde la CONAVIM, consideramos que ha sido fundamental desde dos horizontes: el práctico y el teórico. Sin ellas, no puede explicarse la historia de la evolución de herramientas teóricas y conceptuales para entender la violencia que viven las mujeres y niñas del país, y las mujeres en general. Al trabajo realizado por este centro y estas investigadoras y activistas debemos el reconocimiento teórico conceptual de la violencia feminicida y del feminicidio”, abunda Alanís Sámano en un documento en donde pone de manifiesto la esencial contribución del CEIICH.

Para la implementación de la LGAMVLV de Marcela Lagarde es meritoria la participación de la académica del CEIICH, Martha Patricia Castañeda Salgado, quien contribuyó en el comité científico de la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, y que tuvo a su cargo el seguimiento metodológico de la investigación junto con otras colegas académicas. Para la también antropóloga, “aún sigue siendo complicado convencer a las autoridades pertinentes de que las mujeres estamos viviendo una situación de riesgo generalizado en toda la República”.

“hubo una serie de ataques difamatorios por parte de la prensa de la entidad pues, según ellos, las académicas entorpecían los procesos de indagación para la declaración de la Alerta.”

Según narra, la primera colaboración con las Alertas y el CEIICH tuvo cabida con múltiples investigadoras del Centro e integrantes del Programa de Investigación Feminista como es el caso de Aimée Vega Montiel, Jahel López Guerrero, Norma Blázquez Graf y Karime Suri Salvatierra. También colaboró Andrea Medina Rosas, quien ha sido conferencista y parte de la comunidad del CEIICH.

“Participamos, no sólo en la investigación y en la elaboración de los resultados, sino en las diversas actividades que promovió Marcela Lagarde desde la Cámara de Diputados y, después, formamos parte de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres”, mencionó Castañeda Salgado.

La colaboración de la Red y el Centro trajo como resultado la publicación de textos clásicos sobre feminicidio que, hasta hoy son referencia en sus versiones en castellano para diversas mujeres de América Latina.

Sobresale la participación de la abogada Andrea Medina quien no sólo ha colaborado en la investigación y elaboración de procedimientos que permitieron levantar la AVGM en el estado de Chihuahua recientemente, sino que también formó parte del equipo jurídico que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los múltiples casos de feminicidios en Campo Algodonero, del cual derivó el Resolutivo 12.498 de la Corte IDH; y que se convirtió en un parteaguas porque también se recopilaron todos los hechos violentos en contra de las víctimas en la misma sentencia desde la década de los 90.

Por otro lado, la maestra Medina Rosas detalló en entrevista que el levantamiento de la Alerta en Chihuahua necesitó de un proceso distinto al que se tenía estipulado en otros casos similares, pues los protocolos y formatos que la CONAVIM había diseñado en ese entonces, dejaban fuera diversos matices que se habían logrado en dicho estado; ante estos hechos, y a los diversos cambios que hizo el equipo de investigación, hubo una serie de ataques difamatorios por parte de la prensa de la entidad pues, según ellos, las académicas entorpecían los procesos de indagación para la declaración de la Alerta.

“Planteamos lo que tenía que ser diferente, lo que no podíamos repetir de las otras Alertas. Y eso implicaba, por ejemplo, incluir en la coordinación no sólo el nivel Municipal y Estatal, sino también el Federal. También la metodología requería incorporar los más altos estándares de derechos humanos que,

“la colaboración más reciente del CEIICH con la CONAVIM, es gracias a la académica Aleida Hernández Cervantes, quien está atendiendo la implementación y discusión sobre las AVGM en la Ciudad de México”

en la actualidad, refieren a los indicadores que ha desarrollado el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará”, puntualizó Medina Rosas.

Otra de las razones para diferenciar este proceso, fue que el estado de Chihuahua ya contaba con 516 recomendaciones internacionales previas en materia de violencia por razones de género desde la década de los 90 hasta 2020, según datos recabados en los informes de la CONAVIM.

Actualmente, la colaboración más reciente del CEIICH con la CONAVIM, es gracias a la académica Aleida Hernández Cervantes, quien está atendiendo la implementación y discusión sobre las AVGM en la Ciudad de México, asistiendo a reuniones mensuales con la Secretaría de las Mujeres y las Alcaldías representantes, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ésta última entidad se encarga de informar sobre los avances respecto a las medidas que la propia Jefa de Gobierno estableció en su decreto.

No obstante el compromiso de la doctora Hernández Cervantes con el tema de la defensoría de los derechos de las mujeres, de perspectiva de género e inclusión se remonta a la edad de 17 años, ya como académica se interesó en profundizar sobre temas como las líneas de investigación por los derechos de las mujeres, movimientos sociales feministas, derechos sociales en torno a las asimetrías entre hombres y mujeres, las causas y sus explicaciones, así como reparar o cambiar el trasfondo de esas discriminaciones.

En entrevista, Hernández Cervantes señaló que no sólo tiene un compromiso meramente académico con las mujeres, sino también lo hace de manera ética y social, para terminar con las exclusiones y opresiones que se viven en diferentes ámbitos

Las AVGM en continua revisión y evolución

De acuerdo con la definición de la CONAVIM –cuyas dos funciones centrales son atender las AVGM y los Centros de Justicia para las Mujeres– su falta de evaluación durante estos 14 años se debe a que las Alertas son mecanismos en construcción, con diferentes criterios y metodologías de evaluación entre sí, lo que dificulta su seguimiento. No obstante, las diversas académicas e investigadoras que participan como evaluadoras de este mecanismo aseguran que el problema central es que persisten omisiones y violencia institucional al interior de este mecanismo.

Es aquí donde Patricia Castañeda Salgado y Aleida Hernández Cervantes, coinciden en que los mecanismos de AVGM todavía pueden mejorar “al convertirse en menos tortuosos, largos y burocratizados”; además, hace falta incentivar y cultivar la voluntad política del funcionariado, pues tiene en sus manos tomar las decisiones sobre cómo armar los expedientes, argumentar las necesidades de las Alertas, disminuir la reticencia y resistencia de las instituciones que se parapetan en el cumplimiento de la Ley.

«los mecanismos de AVGM todavía pueden mejorar “al convertirse en menos tortuosos, largos y burocratizados”»

“Creo que las mentalidades patriarcales todavía actúan sobremanera en los casos de muchas y muchos funcionarios que tienen en sus manos la vida de numerosas mujeres”, añadió, Patricia Castañeda.

Por su parte, Andrea Medina declaró que las AVGM han sufrido descalificaciones en torno a su funcionalidad; no obstante, su trabajo como abogada le permite distinguir si lo que no trabaja correctamente es el mecanismo mismo o las personas que lo operan, y es que, para ella, las AVGM son “la mejor herramienta que pudo haberse imaginado y construido jurídicamente”, pues tiene que ver con la comprensión compleja e integral del Estado, pensando en su mejor coordinación.

A su vez, mencionó que los procesos de las Alertas pudieran mejorar en lo que su reglamentación y lineamientos se refiere pues, asegura, existe una iniciativa que busca limitar la participación de la academia en la conformación de los grupos de trabajo y hacer de la investigación algo más mecánico.

Por otra parte, Janik Erandi Equihua, Coordinadora de Atención y Seguimiento de las Alertas de Violencia de Género, expresó que una de las formas en que se podrían mejorar los mecanismos de las AVGM tiene que ver con acortar los plazos en los que debe emitirse un informe para saber si se declara o no una Alerta.

“El mecanismo está establecido de una manera que pueda contarse con un fundamento sólido para la declaración y para establecer las medidas específicas y necesarias para cada situación”, puntualizó Janik.

Cabe destacar que, tanto las académicas del CEIICH, como de la Coordinadora de las AVGM, concuerdan que las Alertas han ayudado a hacer visible la violencia contra las mujeres y evidenciar toda la gama de tipos y modalidades de coerción que se ejerce; además, funcionan para supervisar y dar seguimiento a las políticas que se establecieron para atender, prevenir, sancionar e investigar las agresiones contra las estas.

“Creo que sí es un mecanismo que arroja resultados favorables. Tal vez no de manera rápida o tangible como quisiéramos, pero es un entramado de acciones y situaciones que confluyen para lograr hacer cambios radicales, es un mecanismo positivo y propositivo y creo que, con la aportación de las y los académicos, constantemente se puede ir mejorando la situación”, expresó Janik Equihua.

“las Alertas han ayudado a hacer visible la violencia contra las mujeres y evidenciar toda la gama de tipos y modalidades de coerción que se ejerce”

Para reflexionar

En los últimos tres meses se han declarado cuatro AVGM en el país, aunque de momento, no hay ninguna solicitud de declaratoria en puerta. No son un castigo para las entidades o municipios donde se declaran, retomó Janik Equihua, son una oportunidad para trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con la sociedad civil organizada y la academia, esto, para buscar entablar un diálogo que permita mejorar las situaciones de violencia y fomentar la aplicación de programas y recursos que, de otra manera, no podrían aplicarse en el territorio nacional.

Asimismo, cabe destacar que ninguna de las 25 AVGM declaradas en territorio nacional han concluido, y continúan con sus respectivos procesos abiertos. Ante estos hechos, la abogada Aleida Hernández Cervantes mencionó que es de suma importancia que las universidades -como la UNAM se involucren en estos temas para ayudar a entender, comprender y explicar estos fenómenos que atañen a todos.

“La Universidad tiene ese papel y no lo debe olvidar nunca. Debe incidir en procesos sociales de cambio, de transformación de condiciones que son excluyentes, de discriminación, de afectaciones de derechos a las personas, a los colectivos y al medio ambiente”, finalizó Hernández Cervantes.

Autoría y diseño editorial: Levi Cruz y Jenifer Hernandez Nava
Departamento de Difusión CEIICH / UNAM